La independencia judicial es clave para la democracia, según el Colegio de Magistrados de Salta
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La reciente aprobación en la Cámara de Diputados de la Provincia de Salta de una reforma que habilita la suspensión preventiva de magistrados y magistradas generó un fuerte rechazo por parte del Colegio de Magistrados y Funcionarios de Salta.
La nueva normativa, que modifica el artículo 12 de la ley que regula el funcionamiento del jurado de enjuiciamiento, plantea que los jueces y fiscales puedan ser apartados de su cargo de manera anticipada en función de hechos considerados graves y verosímiles.
El Colegio, a través de un comunicado, advirtió que esta modificación pone en peligro uno de los pilares fundamentales del sistema republicano: la independencia judicial.
Según señalaron, permitir la suspensión preventiva de un magistrado o fiscal sin el debido proceso previo, como lo establece la reforma, sería una vulneración de la garantía constitucional de la inamovilidad de los jueces y fiscales, consagrada en los artículos 156 y 157 de la Constitución Provincial.
Riesgos de la medida
La medida genera preocupación, ya que, según los miembros del Colegio, podría permitir que, ante una sola denuncia sin sustancia probatoria suficiente, se proceda a apartar a un funcionario judicial de su cargo de forma anticipada.
En este contexto, se destacó que la independencia de los magistrados no es un privilegio personal, sino una garantía esencial para el acceso a la justicia y para que las investigaciones judiciales, especialmente las vinculadas a corrupción y abuso de poder, puedan avanzar sin presiones externas.
El Colegio subraya que este tipo de medidas no solo afecta la imparcialidad y la objetividad de los jueces, sino que también podría sentar un peligroso precedente, donde sectores de poder pudieran utilizar denuncias maliciosas o instrumentales para apartar a magistrados que investigan casos sensibles.
Estabilidad y la protección judicial
En su comunicado, el Colegio enfatizó que la estabilidad de los jueces y fiscales es una garantía indispensable para el adecuado ejercicio de la justicia. La resolución de estos casos debe ser tomada con absoluta cautela, respetando el derecho a la defensa y evitando que cualquier tipo de presión externa o mediática influencie el proceso judicial.
Además, la institución recordó que la legislación internacional, a través de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana, subraya la necesidad de otorgar a los jueces y fiscales garantías mínimas de estabilidad, protección frente a presiones externas y derecho de defensa.
En este sentido, destacaron que los procesos de enjuiciamiento deben cumplir con estándares claros, como la apertura formal del proceso, la existencia de pruebas objetivas de gravedad institucional y una revisión judicial efectiva.
¿Qué propone el Colegio?
El Colegio de Magistrados y Funcionarios de Salta solicitó que cualquier reforma relacionada con la Ley del Jurado de Enjuiciamiento incorpore garantías mínimas de transparencia y control, como una audiencia previa al afectado y una revisión judicial efectiva de las decisiones adoptadas.
Además, pidieron que las decisiones sobre la suspensión preventiva de los magistrados se tomen bajo estándares claros y con una base objetiva.
Para la entidad, cualquier intento de modificar el sistema judicial debe respetar los principios esenciales de probidad, imparcialidad y justicia que constituyen la columna vertebral del Estado de Derecho.
