A la segmentación de tarifas le espera un largo camino para recorrer. En los próximos 15 días, la secretaría de Energía debe elaborar un informe en el que establezca los nuevos valores de luz y gas que pagarán los hogares que perderán los subsidios. Una vez que lo haga, esa misma dependencia debe instruir a los entes reguladores (Enargas, para las tarifas de gas de todo el país, y Enre, para las boletas de luz de Buenos Aires) a realizar un nuevo cuadro tarifario.
Esas nuevas tarifas solo serán aplicables, durante este año, a los segmentos de mayores ingresos, que ganan $ 350.000 mensuales netos (sin aguinaldo), poseen tres autos o tres inmuebles.
Los aumentos en las boletas serán cobrados por las distribuidoras. En Buenos Aires, le corresponderá a Edesur y Edenor (en electricidad), más Metrogas y Naturgy (en gas). En esas firmas aún no recibieron las indicaciones sobre cómo serán los aumentos ni su implementación. La estimación que tienen es que los entes reguladores les irán pasando listados de personas y hogares que perderán subsidios. Y que las empresas deberán identificarlos y facturarlos con nuevos valores desde septiembre.
El Gobierno pidió que todos los usuarios se anoten en el formulario durante los próximos 15 días. Pero concederá una quincena más, hasta el 15 de agosto. Allí debería tener el primer listado con el padrón de los hogares que quieren mantener el subsidio.
Podría llegar a tener que analizar cinco millones de formularios (solo en luz en Buenos Aires) en menos de 45 días. A principios de septiembre, ya debería cobrar los nuevos valores a quiénes pierdan los subsidios.
La pregunta que se hacen todas las empresas es cómo cotejará el Gobierno los datos cargados con la información real. Por ejemplo, un hogar que tiene la titularidad del servicio a cargo de un ex propietario o un jubilado. El Poder Ejecutivo no lo explica claramente, pero la idea es que los subsidios que se mantengan sean “nominados”, es decir que se pueda identificar a la persona que lo recibe. Esa característica también podría recaer sobre los hogares.
Por ejemplo, un inquilino que vive en un departamento cuyo propietario tiene varias propiedades, podrá conservar el subsidio. Si el inquilino gana menos de $ 350.000, deberá indicar en el formulario que el hogar que habita no es de su propiedad. De esa forma, se despega del propietario, más allá que este gane $ 350.000 o posea varias propiedades.
Cómo detectar errores o falsedades
Pero también hay toda una zona gris de hogares que tienen los servicios a nombres de ex propietarios, jubilados o familiares que fallecieron. El Gobierno dice que cuenta con las herramientas para identificar esos posibles intentos de falsificar la información.
¿Qué pasa si una persona que gana $ 350.000 vive en una vivienda cuyos servicios están a nombre de un ex dueño que falleció o de un jubilado? El Gobierno pide que llene el formulario. Pero, para quien quiera mantener el subsidio, la tentación de no llenarlo o falsear la información existe. El Estado debería tener la capacidad de hacer un mapa de todos los hogares, los grupos familiares que los componen, sus ingresos.
A los hogares que no llenen el formulario, el Gobierno podría quitarles el subsidio por default. En el Poder Ejecutivo entienden que quienes no están dispuestos a brindar información, es porque son incapaces de justificar su necesidad de seguir recibiendo subvenciones.
Otro aspecto es el cotejo de la información. A quienes llenan el formulario, el Poder Ejecutivo les avisa que es “una declaración jurada” (en la que no se puede mentir), y que no hay que “omitir ni falsear ningún dato”.
¿Pero tiene el Gobierno las herramientas para determinar quién falsea los datos? ¿Podrá hacerlo durante este mes donde pretende tener el padrón?
En el formulario, se autoriza al Estado “ a verificar la veracidad de toda la información que vas a brindar en fuentes disponibles en organismos tales como AFIP, SINTyS, ANSES, Registros de la Propiedad, entre otros, renunciando expresamente a oponer a esa verificación cualquier secreto previsto legalmente (fiscal, financiero u otro)”.
Secreto fiscal
Sintys, un sistema que identifica ingresos, puede ser usado. Pero recurrir a AFIP para cruzar datos puede acarrear riesgos legales, porque se puede estar violando el secreto fiscal.
¿Qué pasa frente a posibles “avivadas”, de hogares que declaran que ganan menos para mantener los subsidios”.
El Poder Ejecutivo dice que utilizará sus herramientas a disposición para detectar “inconsistencias”, como si alguien declaró que el servicio está a nombre de un familiar, pero en realidad lo usa (y podría pagar el costo total). Energía y los reguladores le avisarán a las distribuidoras que tiene que quitarle los subsidios por “Inconsistencia” entre su declaración y los datos informados.
Cuando el hogar percibe una jubilación, es titular de una asignación o programa social, es electrodependiente registrado, o tiene certificado de discapacidad -todas razones para mantener los subsidios- la secretaría de Energía puede cotejarlo con Anses. Allí decidirá mantener las subvenciones.
