VIDEO. Suspenden clases presenciales a estudiantes involucrados y activan medidas urgentes en escuela de Castañares por denuncia de bullying y contenido inapropiado
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Tras la preocupación de padres, el Ministerio de Educación dispuso una serie de medidas urgentes en la Escuela Rafael Patricio Sosa, ubicada en barrio Castañares, en la zona norte de la ciudad, tras denuncias por situaciones de bullying y la presunta circulación de contenido inapropiado entre alumnos.
En diálogo con El Tribuno, el supervisor zonal del Ministerio de Educación, Aldo Aranda, explicó que se inició una investigación administrativa y se implementaron acciones preventivas para resguardar a los estudiantes involucrados. Entre ellas, se dispuso que los niños directamente vinculados al caso alumnos de una división de quinto grado del turno mañana continúen con actividades pedagógicas desde sus hogares mediante cartillas, mientras se desarrolla el proceso de recolección de información.
Refuerzo de controles y acciones institucionales
Además, se definió reforzar la vigilancia dentro de la institución, establecer recreos diferenciados entre ciclos, intensificar el acompañamiento docente y avanzar con la posible instalación de cámaras de seguridad, una medida que ya estaba en evaluación previa.
También se coordinaron talleres con la Policía Comunitaria y la Fundación Ampuy, orientados a la convivencia escolar, prevención del bullying, autoestima y proyecto de vida.
Aranda explicó que el caso se encuentra en etapa investigativa y evitó brindar detalles sobre lo ocurrido: “No podemos afirmar qué sucedió hasta que concluyan las actuaciones administrativas”, señaló. En ese marco, interviene también el equipo UPACE del Ministerio de Educación.
Suspensiones y organización escolar
El funcionario confirmó que no todos los alumnos del grado están afectados por la suspensión de clases presenciales, sino únicamente aquellos involucrados en el hecho, todos pertenecientes a una división de quinto grado del turno mañana.
Por otro lado, desde la institución aseguraron que no está permitido el ingreso de celulares, aunque reconocieron que el uso de dispositivos forma parte de la investigación en curso.
Testimonios y preocupación de las familias
Mientras tanto, crece la preocupación entre las familias. En diálogo con El Tribuno, una madre del grado afectado que prefirió resguardar su identidad, dijo: “Estamos muy preocupados por lo que pasó y por la falta de información clara. Queremos que nuestros hijos estén seguros en la escuela y que se tomen medidas urgentes”.
En ese mismo sentido, otra madre aseguró que tres estudiantes fueron suspendidos y denunció que su hijo era víctima de hostigamiento constante: “De ‘gordo’ no lo bajaban”, relató con angustia.
Versiones sobre el origen del conflicto
Según la versión de varios padres, el conflicto se habría originado a partir de un celular que ingresó a la escuela y con el cual algunos alumnos habrían accedido a contenido para adultos dentro del baño de varones.
A partir de allí, comenzaron a circular rumores sobre posibles situaciones entre compañeros, aunque hasta el momento no existe ninguna denuncia formal confirmada.
“No hubo abuso, al menos eso ningún padre denunció”, sostuvo una madre, quien remarcó que la principal preocupación es la exposición de los menores a material inapropiado y sus posibles consecuencias en la conducta.
Reclamos por falta de información
Otros padres cuestionaron la falta de información clara por parte de las autoridades escolares y exigieron respuestas concretas: “Se habla de muchas cosas, pero nadie explica con precisión qué pasó. Queremos saber y que se garantice la seguridad de nuestros hijos”, expresó uno de ellos.
También surgieron críticas a la organización institucional, especialmente en relación a la presencia de directivos y los controles internos.
Próximos pasos
El caso continúa bajo investigación y se espera que el próximo lunes se realice una reunión general con las familias, donde las autoridades brindarán un panorama más amplio sobre la situación y las medidas a seguir. Mientras tanto, la comunidad educativa permanece en estado de alerta, a la espera de definiciones que garanticen un entorno seguro para los estudiantes.
