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Médicos, bioquímicos, enfermeros, exfuncionarios municipales, agentes públicos y gestores políticos integran la extensa nómina de actores implicados en el otorgamiento irregular de pensiones por invalidez en municipios de Anta. Fuentes judiciales precisaron a El Tribuno que al menos 25 personas son investigadas en el denso expediente federal que el pasado miércoles sumó evidencias con nueve allanamientos realizados en Joaquín V. González, Gaona y El Quebrachal. En esta última localidad uno de los procedimientos se focalizó en el hospital Enrique Romero, uno de los servicios de salud que junto a clínicas, consultorios médicos, oficinas municipales y dependencias sociales fueron utilizados en el armado de expedientes de pensiones no graciables con certificaciones falseadas.
Están bajo la lupa en ese departamento cerca de 22.000 beneficios, de los que alrededor de 10.000 están marcados con rojo. Solo ese número de casos apuntados en la investigación de alta complejidad iniciada en mayo de 2025 representa un fraude al Estado nacional que, a valores actuales, ascendería a más de 3.500 millones por mes.
El caso, que el Juzgado Federal de Garantías 2 declaró complejo en octubre de 2025 ante un requerimiento de la Unidad Fiscal Federal de Salta, tiene a un equipo de investigación interdisciplinario de cerca de 20 integrantes ocupado en el análisis integral de elementos probatorios reunidos a lo largo de más de un año de pesquisa. Las fuentes consultadas por este diario estimaron que la investigación penal podría quedar formalizada el próximo mes con imputaciones por asociación ilícita, defraudación a la administración pública, cohecho e incumplimiento de deberes de funcionario público, entre otros cargos.
La maniobra, que combinaba una aceitada estructura de profesionales de la salud con funcionarios, consistía en otorgar de manera sistemática beneficios económicos a personas que no padecían ninguna enfermedad, a cambio de favores electorales.
Las actuaciones iniciales se remontan hasta fines de 2024 y se desprendieron de una causa análoga que investigó el fiscal general Carlos Amad en Taco Pozo (Chaco), como fiscal subrogante de la jurisdicción de Roque Sáenz Peña. Uno de los imputados que tienen procesamientos confirmados por la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia es un médico de Joaquín V. González, exdirector del hospital de esa localidad, quien extendió certificados de discapacidad espurios a la estructura ilícita chaqueña. Ese médico es uno de los facultativos sobre los que recaerían cargos penales en la causa federal tramitada en Salta.
Ante la magnitud y la densidad del entramado que se investiga en Anta, en junio de 2025 el fiscal Amad diagramó un equipo especial integrado por miembros de tres fiscalías descentralizadas.
De acuerdo con las pruebas recolectadas en la causa salteña, la operatoria ilegal habría sido implementada y normalizada por un exfuncionario municipal de uno de los municipios anteños. El esquema funcionaba mediante punteros políticos que reclutaban a familias vulnerables o numerosas de la zona para ofrecerles las pensiones fraudulentas. A cambio de la gestión de estos ingresos fijos, los punteros exigían el voto de los beneficiarios.
Para lograr la aprobación, la red contaba con la participación necesaria de médicos, bioquímicos y enfermeros vinculados con funcionarios políticos. El circuito ilícito se completaba en una mesa de auditoría médica local. Los profesionales de la salud extendían certificados de discapacidad irregulares de supuestas patologías calcadas en cientos de casos: enfermedad de Chagas y desviaciones graves de columna vertebral.
La pesquisa determinó que la organización utilizaba laboratorios propios para fraguar resultados y falsificar placas radiográficas. En muchos casos, un mismo estudio médico original era copiado y reutilizado para justificar los expedientes de personas distintas. Se detectó, incluso, que funcionarios que no eran médicos firmaban los certificados de discapacidad.
En septiembre del 2025 el Juzgado Federal de Garantías 1 de Salta ordenó 17 allanamientos simultáneos en clínicas privadas, hospitales públicos, dependencias públicas y domicilios particulares. Aquellos procedimientos y los elementos secuestrados aportaron sólidas evidencias.
El análisis minucioso de los soportes informáticos y la documentación incautada en la primera fase de la pesquisa permitió profundizar la hipótesis fiscal, que cuenta tras los nueve allanamientos realizados días atrás con más elementos incriminatorios.
Elementos probatorios
Uno de los objetivos allanados el miércoles último fue una vivienda en la que se almacenaban radiografías de tórax y columna. Todas de diferentes personas: el 90 % de esas placas tenían desviación de columna, algunas con rótulos en blanco para rellenar el nombre del paciente. También se incautaron estudios clínicos de laboratorio con resultados positivo de chagas, en su mayoría copias irregulares de otros estudios.
