La ONU insta a Israel a investigar de manera «imparcial» y «eficaz» las denuncias sobre torturas
admin 
Las dificultades que enfrentan las víctimas al exigir justicia en Israel ante denuncias de tortura se han visto acentuadas por la ausencia de mecanismos externos independientes capaces de supervisar los procedimientos y garantías procesales. Según detalló la ONU, los sistemas de control interno existentes no han logrado dar respuesta al volumen de acusaciones recibidas, lo que incrementa los riesgos de impunidad. El Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas identificó estas carencias como uno de los principales factores que perpetúan la vulnerabilidad de la población palestina y la erosión de la confianza en el sistema judicial israelí, tal como se desprende del informe recientemente presentado. La noticia principal es el llamado urgente de este comité de la ONU al gobierno israelí para que reforme su legislación y establezca instituciones de supervisión autónomas a fin de garantizar investigaciones imparciales y eficaces en todos los casos denunciados.
Según publicó la ONU, uno de los obstáculos más destacados reside en la inexistencia de una definición penal precisa y clara del delito de tortura dentro de la legislación nacional. Esta laguna jurídica permite que miembros de las fuerzas de seguridad invoquen la “defensa del estado de necesidad” como argumento eximente, dificultando la posibilidad de llevar adelante procesos penales efectivos y fomentando patrones de impunidad frente a abusos. El informe documenta que esta falta de tipificación se traduce en una protección insuficiente de los derechos fundamentales, tanto en contextos militares como en situación de detención de personas palestinas en los territorios ocupados.
El reciente ciclo de violencia iniciado en octubre de 2023 intensificó la preocupación internacional. De acuerdo con los datos recogidos por la ONU a través de testimonios y registros de organizaciones humanitarias, más de 1.000 palestinos murieron en Cisjordania tras operaciones militares israelíes o agresiones cometidas por colonos. El Comité contra la Tortura subrayó este fenómeno como parte de un patrón respaldado por cifras oficiales y relatos directos, que confirman el incremento y la gravedad de la violencia en la región. Los informes también indican que estos ataques de colonos, en varios casos, contaron con la complacencia o respaldo de autoridades, lo que contribuyó al aumento de víctimas.
El uso de la detención administrativa por parte de autoridades israelíes alcanzó una cifra récord en los territorios ocupados, según reportó la ONU. Esta medida restringe de manera significativa el derecho a la defensa y expone a las personas palestinas detenidas a un peligro creciente de sufrir torturas o tratos crueles durante su reclusión, situación agravada por la carencia de revisión por órganos no pertenecientes a las fuerzas de seguridad. El Comité resaltó que el marco legal vigente permite que los procedimientos de interrogatorio a menudo incluyan métodos coactivos, denominados como “medios especiales”, cuya opacidad dificulta comprobar la naturaleza y el alcance de estas prácticas.
En el informe divulgado, Naciones Unidas advirtió que la falta de transparencia y control externo limita la protección efectiva de las garantías judiciales y facilita la repetición de abusos por parte de fuerzas policiales y militares. El comunicado enfatizó la necesidad de crear un organismo verdaderamente independiente, dotado de competencias para inspeccionar centros de detención, reunir pruebas y monitorear tanto interrogatorios como acciones militares que involucren a la población civil palestina.
El balance de víctimas tras la ofensiva militar israelí en Gaza y otras zonas ocupadas desde el 7 de octubre de 2023 es particularmente elevado: según las cifras proporcionadas por la ONU, al menos 69.799 palestinos fallecieron y 170.972 sufrieron heridas en bombardeos, enfrentamientos terrestres y otras acciones militares. El organismo agregó que, pese a la declaración de un alto al fuego tras la primera fase de la propuesta realizada por Estados Unidos, los ataques y muertes continuaron y se reportaron al menos 350 víctimas fatales después de la entrada en vigor del cese temporal de hostilidades, de acuerdo con datos divulgados por el Ministerio de Salud de Gaza y organismos humanitarios de la ONU.
El Comité contra la Tortura recomendó adaptar la legislación israelí a los estándares internacionales incluidos en los convenios de derechos humanos. Instó a definir con claridad el delito de tortura y a suprimir eximentes legales como la “defensa del estado de necesidad”, para garantizar la viabilidad de procesos penales efectivos contra responsables de torturas o malos tratos. Además, la ONU sostuvo que la reforma debe posibilitar el procesamiento judicial tanto de integrantes de las fuerzas armadas como de otros actores implicados en actuaciones de violencia institucional.
A lo largo del informe, el Comité remarcó que las víctimas palestinas enfrentan un escenario de “desprotección” debido tanto a la inexistencia de sistemas autónomos de investigación como a la falta de transparencia en los métodos empleados durante los interrogatorios. Naciones Unidas argumentó que estos déficits estructurales contribuyen a mantener prácticas de crueldad, violencia y degradación, en contravención de las obligaciones internacionales asumidas por Israel.
El documento difundido por la ONU insistió en la urgencia de establecer una comisión independiente conformada por técnicos externos al aparato estatal, capaz de inspeccionar instalaciones, investigar episodios denunciados y vigilar el cumplimiento de las normas internacionales sobre rendición de cuentas. También recomendó dotar a este organismo de autonomía funcional, con capacidad para recabar evidencias y asegurar la transparencia en el análisis y sanción de los actos denunciados.
Durante el proceso de monitoreo, la ONU manifestó que la acumulación de episodios violentos tras la ofensiva en Gaza, acompañada por la multiplicación de denuncias sobre prácticas reñidas con el derecho internacional, motivó el llamado a reformar de manera integral los sistemas judicial, administrativo y legislativo en Israel. El Comité consideró fundamental garantizar que el Estado restablezca mecanismos de prevención, castigo y reparación ante casos de tortura o tratos prohibidos, para dar cumplimiento a los compromisos internacionales.
Finalmente, Naciones Unidas formuló un exhorto a que Israel actualice su legislación y fortalezca sus mecanismos de control, resaltando que la implementación de reformas estructurales y la creación de entidades de supervisión independientes resultan imprescindibles ante la magnitud y frecuencia de los casos reportados en territorio palestino. La organización sostuvo que solo mediante la transparencia, la justicia y la supervisión externa podrá restaurarse el respeto a los derechos humanos y la confianza en las instituciones responsables del resguardo de la legalidad.
