El oficialismo discute qué hacer en relación a su principal base electoral: salario universal o subsidios a programas de empleo administrados por gobiernos locales en vez de por los movimientos sociales. Comienzo con algunas aclaraciones.
Con el menemismo se difundieron los programas sociales focalizados, como recomendaba el neoliberalismo en boga, para reemplazar a los programas universales. El kirchnerismo, tan antiliberal él, se especializa en programas sociales focalizados pero los denomina “universales”.
La AUH no tiene nada de universal; es la asignación familiar para los informales y desocupados. Los trabajadores formales tienen su sistema de asignaciones familiares y los sectores de mayores ingresos que pagan impuestos a las ganancias pueden deducir un monto por sus hijos.
Y así, la educación y la salud llamadas “universales” son en realidad sistemas públicos que usan los más pobres mientras que los trabajadores formales y sectores de altos ingresos se atienden crecientemente en sistemas privados (escuelas privadas, escuelas públicas de gestión privada, obras sociales y prepagas).
Con el salario universal no sucedería algo diferente ya que estaría destinado a informales, desocupados y aun a económicamente inactivos: es decir focalizado. No sería un problema mayor si el valor del beneficio fuera por ejemplo de $1000 mensuales, pero ello sería claramente irrelevante. Si por el contrario, se tratara de un salario mínimo o más aún, una canasta básica, allí tendríamos un problema no solo de financiamiento sino del efecto que tendría sobre las ganas de seguir trabajando formalmente de quienes no serían elegibles y ganan un salario mínimo o cerca de él (no hay que ser muy imaginativo).
En conclusión, de aplicarse, seguramente sería un nuevo “Plan Platita”, un pequeño complemento para los ingresos del trabajo que de todas maneras los informales y precarios deben realizar para llegar a fin de mes. No voy a detenerme sobre el tema de la probable discrecionalidad y clientelismo que pueda involucrar su implementación ni si la principal razón para su puesta en práctica se relaciona con temores electorales. Solo me interesa destacar que del ampuloso salario universal solo quedaría una muy modesta contribución a la base electoral principal del oficialismo.
Vamos a los denominados “planes de empleo” que no son otra cosa que un simple beneficio monetario iniciado por Menem a traves del “Plan Trabajar”. La discusión hoy se reduce a si lo deben administrar las organizaciones sociales o los gobiernos locales. Y esta es una discusión menor porque el verdadero problema es el trabajo realizan los recipientes del dinero y como los ayuda a superar la situación que padecen.
A diferencia de los programas que solo reparten dinero como la AUH o las jubilaciones y pensiones, los programas que demandan contraprestación laboral no pueden reducirse a solo girar dinero a un beneficiario sino que deben proveer una labor. Esto supone otros recursos para insumos para las tareas a realizar y fundamentalmente capacidad de organización y gestión de quienes ofrecen la labor.
La organización de una actividad (panadería, por ejemplo) que involucre 30 personas es ya todo un desafío. ¿Podemos imaginar organizaciones sociales que controlan decenas de miles de beneficios o intendentes de superpoblados municipios teniendo la capacidad para esta tarea?
Afirmo que no la tienen y, por lo tanto, quienes reciben los beneficios no hacen nada diferente de las tareas que realizan para sobrevivir, o bien hacen labores que contribuyen muy escasamente a desarrollar potencialidades para una futura inserción en actividades de mayor significación económica y social.
A esto debe sumarse el nivel educativo bajo de los beneficiarios, que en su mayoría no ha concluido los estudios secundarios, constituyendo un obstáculo para realizar labores de alguna complejidad.
En definitiva no hay nada de “universal” ni de “potenciar el trabajo” en el menú que discute el oficialismo.
Aldo Isuani es sociólogo y politólogo (UBA)
