Se trata del jefe del Escuadrón Aguaray, un alférez y un sargento. Junto al dueño de una finca colindante con el Estado Plurinacional de Bolivia, están acusados de dirigir maniobras tendientes al paso ilegal de camiones, previo pago de un “peaje”.
El Tribunal Oral Federal N°2 de Salta, integrado por los jueces Domingo Batule, Abel Fleming (presidente) y Gabriela Catalano, lleva adelante desde el jueves un juicio seguido por los delitos de contrabando y cohecho contra el ex jefe del Escuadrón Aguaray de la Gendarmería Nacional, comandante principal Marciano Alberto Páez, el alférez Diego Ernesto Radaelli y el sargento Rodolfo Ayala, ambos del mismo escuadrón, y a Alberto Martín Crossa, propietario de una finca ubicada en la localidad de Campo Durán, en el Departamento General San Martín, en el norte de la provincia.
Páez, Radaelli y Ayala están acusados por el delito de contrabando de granos. En el caso de los dos primeros, la fiscalía reclama que sea agravado por el número de intervinientes y por la participación de funcionarios de una fuerza de seguridad nacional, mientras que al sargento se le endilga solo el segundo agravante.
En concurso real, y para los tres efectivos, la fiscalía también les imputó el delito de cohecho pasivo, en calidad de coautores. En el caso de Crossa, la acusación fue también por contrabando de granos con ambos agravantes más el cohecho, pero activo y en grado de autor.
Páez, Radaelli, Ayala y Crossa fueron detenidos el 5 de julio del año pasado y dos días después el fiscal Villalba formalizó la imputación penal ante el juez federal de Garantías de Orán, Gustavo Montoya. Las detenciones fueron parte de numerosos procedimientos realizados tanto en el Escuadrón de Aguaray, como en otros domicilios, lo que generó un gran despliegue de efectivos en la zona.
El fiscal resaltó que el caso refleja un hecho de “corrupción galopante” dentro de Gendarmería Nacional y de “grandísima escala”, el cual causó un “perjuicio enorme” para el fisco, pues no se trató de un contrabando hormiga, sino de camiones que cruzaban ilegalmente la frontera a través de la finca del acusado Crossa, todo ello en plena pandemia del COVID-19.
