domingo, febrero 5
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el juez quedó habilitado para sobreseer a Alberto Fernández y a Fabiola Yañez


La Cámara de Apelaciones de San Martín avaló el criterio del juez Lino Mirabelli y rechazó todas las apelaciones que se presentaron en contra de la homologación de las ofertas económicas realizadas por Alberto Fernández y Fabiola Yañez para cerrar definitivamente la causa por la fiesta en la quinta de Olivos. De esta manera, el magistrado ya está en condiciones de sobreseer al presidente y la primera dama, que pagaron en total tres millones de pesos.

Cuando el juez Mirabelli homologó el acuerdo de reparación integral en el marco del expediente que investigó la fiesta realizada el 14 de julio de 2020 en la Quinta de Olivos -cuando regía en todo el país una estricta cuarentena- el Jefe de Estado dijo haber conseguido un préstamo bancario y depositó en el Instituto Malbrán la suma de dinero acordado.

Sin embargo, el magistrado no firmó aún el sobreseimiento, ya que había pendientes un conjunto de apelaciones  para rechazar el mecanismo elegido por el presidente para cerrar el caso que lo tenía como principal imputado por violar el DNU de la cuarentena e incumplir los deberes de funcionario.

Todos los planteos fueron elevados a la Cámara de Apelaciones de San Martín, que este jueves avaló la decisión del juez Mirabelli.

En su fallo, al que accedió Clarín, la Sala integrada por los jueces Juan Pablo Salas, Marcelo Fernández y Marcos Morán recordó que en este expediente «no se investiga la presunta comisión de un delito en el contexto de cómo se controló y se hicieron cumplir las disposiciones que restringieron la circulación pública y establecieron un sistema de aislamiento social», sino que el objeto de esta pesquisa son los «presuntos incumplimientos a esas normas mientras se encontraban vigentes, por parte de un grupo de personas, entre las que se encuentra Alberto Ángel Fernández, en la residencia presidencial de Olivos».

En otro tramo, los camaristas señalaron que los acuerdos firmados responden a una potestad del Ministerio Público Fiscal para resolver la acción penal y lograr su extinción, por intermedio de un acuerdo de reparación económica integral.

De esta manera, el juez Mirabelli ya está en condiciones de firmar el sobreseimiento de Alberto Fernández y Fabiola Yañez a quienes les aceptó la reparación integral de 3 millones de pesos. Fernández ofreció 1,6 millones, y Yañez 1,4 millones. La plata ya fue destinada al Instituto Malbrán.

La defensa de Alberto Fernández justificó su presencia en la fiesta de cumpleaños al indicar que el presidente no participó de ella en su carácter de funcionario público. El fiscal Domínguez avaló dicho criterio, al decir que «el comportamiento que se le endilga a Alberto Ángel Fernández por su participación en la celebración del cumpleaños de la Primera Dama no guarda relación con el ejercicio de las funciones públicas que tenía asignadas como titular del Poder Ejecutivo Nacional».

Más allá de sus «innegables obligaciones claramente distintas a las de cualquier ciudadano», el juez Mirabelli coincidió ahora con la mirada del fiscal. «La interpretación normativa propuesta no aparece desacertada, pues, el catálogo penal designa como “funcionario público” a “todo el que participa accidental o permanentemente del ejercicio de funciones públicas sea por elección popular o por nombramiento de autoridad competente”.

El magistrado explicó que cuando a un funcionario se lo investiga por incumplimiento de sus deberes, esa pesquisa «se refieren a hechos que hayan sido cometidos ‘en el ejercicio de sus funciones’ o ‘en el ejercicio o en razón de su cargo’”, y comprendió que esto no aplicaba para Fernández.

Por eso se sostuvo que en esta causa «no se juzga la gestión de un gobierno, ni siquiera la gestión de una pandemia. Se evalúa la realización de una conducta antinormativa».

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