La Cámara Federal de Casación Penal rechazó las apelaciones del Gobierno y del empresario K Mario Cifuentes contra la anulación de los procesamientos del periodista de Clarín Daniel Santoro que había dictado la Cámara Federal de Mar del Plata en el caso D’Alessio.
El tribunal marplatense dictó el año pasado la falta de mérito de Santoro, señaló en que ejerció el periodismo en forma “neutral” en la cobertura de una serie de casos de corrupción, lavado de dinero y evasión fiscal e hizo una encendida defensa del secreto profesional periodístico.
Sin embargo, el Gobierno – a través de la Unidad de Información Financiera UIF que depende del ministro de Economía, Martín Guzmán- apeló esa decisión, al igual que Cifuentes, un empresario investigado por lavado de dinero y fraude que quebró la empresa petrolera OPS. El titular de la UIF, Juan Carlos Otero, tiene vínculos con Máximo Kirchner.
En una resolución, dictada esta semana, los miembros de la sala II, Guillermo Yacobucci y Eduardo Rafael Riggi, rechazaron las apelaciones por “inadmisibles” y ordenaron que pagaran las costas de la medida. La jueza Angela Ledesma, cercana a los K, votó en contra.
Otero, presidente de la UIF, con el patrocinio letrado de Leandro Ariel Ventura y María Fernanda Cruz, apelaron pese al fallo de la Cámara Federal de Mar del Plata que fue considerado por constitucionalistas como un avance en defensa del off the record de los periodistas por la llamada “teoría de los dos candados”. Esta impide a los jueces hurgar en la relación de los periodistas con sus fuentes.
Lo hicieron manteniendo así el acoso judicial sobre el periodista, tal como lo denunció el Comité de Protección de Periodistas de Nueva York y el relator de la libertad de Expresión de la OEA.
La UIF, el organismo contra el lavado de dinero, tiene el rol de querellante pese a que Santoro nunca fue acusado de lavado de dinero y siempre puso a disposición de la Justicia sus cuentas bancarias, su casa y su auto para que lo investiguen. Santoro es defendido por los abogados Mauricio De Nuñez y Guido Sciarreta.
El fallo dijo que la UIF no pudo demostrar “la existencia de cuestión federal y necesidad de fundamentación adecuada de la impugnación, por lo que corresponde de conformidad con lo dictaminado por el Sr. Fiscal General, Raúl Pleé, de declarar inadmisible la vía intentada, con costas (arts. 257 del C.P.C.C.N., 530 y cctes. el C.P.P.N.)”.
En su voto, Ledesma dijo que la querella podría tener razón en “la afectación de la garantía de juez natural”.
Sin embargo, la causa D’Alessio en una maniobra de Fórum shopping (elegir el juez amigo) fue llevada por los operadores de la vicepresidenta Cristina Kirchner en el 2019 al entonces juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla. La jugada se inscribió en el marco del Operativo Puf contra la causa de los Cuadernos de las Coimas.
Luego de dos años en que Ramos Padilla mantuvo la causa a 200 kilómetros de donde habían ocurrido los hechos, la Cámara Federal de Casación Penal analizó el caso y la envió a los tribunales de Retiro, donde le tocó por sorteo el juez federal Julián Ercolini.
En cuanto al reclamo de Cifuentes, a través de su abogado Maximiliano Rusconi, el máximo tribunal penal por debajo de la Corte, decretó por unanimidad “la inadmisibilidad de la vía intentada”.
“Debe recordarse que, en forma inveterada, este Tribunal lleva dicho que el ordenamiento procesal establece una limitación objetiva para la procedencia del recurso casatorio que, en lo sustancial, exige que, por vía de principio se trate de hipótesis que revistan la calidad de sentencia definitiva o equivalente”, agregó. Ese “requisito que no se cumple en el caso”, subrayó.
Finalmente, “no se ha acreditado en la especie, la existencia de una cuestión federal que permita habilitar la competencia de esta Casación como tribunal intermedio conforme la doctrina sentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación”, finalizó Casación.
