Las empresas que operan el transporte automotor de pasajeros en el área metropolitana de Salta emitieron un comunicado oficial alertando sobre la crítica situación financiera y operativa que atraviesan. Según explicaron, la falta de cumplimiento de los pagos por parte de SAETA alcanzó un punto de extrema complejidad, afectando la capacidad de gestión y poniendo en riesgo la continuidad de los servicios. Los operadores señalaron que desde octubre de 2025 vienen soportando reducciones de kilómetros y que, sumado al ajuste de marzo de 2026, la caída acumulada asciende al 12%, impactando directamente en los ingresos proyectados para este año y en el mantenimiento del parque automotor recientemente renovado.
En la nota enviada a la empresa estatal, los operadores enfatizan que, pese a las inversiones realizadas para garantizar el funcionamiento del sistema, la falta de pago de certificados —principalmente el correspondiente al mes de abril, adeudado en más del 60%— limita la adquisición de combustible, el pago a proveedores y el cumplimiento de compromisos bancarios. Ante esta situación, las sub-concesionarias advirtieron que, de no regularizarse la deuda, se verán obligadas a iniciar un proceso de reducción gradual de los servicios a partir del lunes 1° de junio, comenzando con los horarios nocturnos y extendiéndose a los fines de semana.
El conflicto se profundiza tras la reunión mantenida ayer entre los empresarios y representantes de SAETA, que contó con la presencia de la vicepresidente María Laura Montarcé, la directora Paula Majul, el gerente general Claudio Juri y el gerente técnico José Sajia. Según fuentes del sector, el encuentro fue tenso: la empresa estatal solo abonó el 40% de los servicios correspondientes al mes de abril y reconoció no contar con recursos para reducir la deuda, lo que generó gran preocupación entre los operadores. Entre los presentes estuvieron representantes de Tadelva SRL, El Cóndor S.A., San Ignacio SRL, Ale Hnos SRL, Transal SRL, Alto Molino SRL y Ahynarca S.A.
El comunicado formal enviado hoy busca aclarar la situación actual desde el punto de vista de los empresarios y solicitar a SAETA el cumplimiento de los pagos pendientes antes del cierre del mes de mayo, garantizando el respeto a los plazos estipulados en los contratos de concesión. De no producirse la regularización, los operadores no solo aplicarán los recortes anunciados, sino que la situación podría complicar la operatividad diaria del transporte urbano, afectando a miles de usuarios que dependen del servicio en horarios nocturnos y de fines de semana. Los empresarios subrayaron que esta medida busca sostener al menos las prestaciones mínimas del sistema mientras se normaliza la situación financiera.
En caso de concretarse, los recortes afectarían tanto a estudiantes como a trabajadores que utilizan el transporte en horarios críticos. Las sub-concesionarias advierten que la sostenibilidad del sistema depende del cumplimiento de los pagos por parte de SAETA, y que sin la entrega de los fondos correspondientes no será posible mantener la totalidad de los servicios.
