admin
La crisis solcial y política en La Merced sumó un nuevo capítulo este jueves, luego de que el Senado de Salta rechazara tratar sobre tablas el proyecto que proponía intervenir el municipio tras la muerte de Tomás Sotero Alancay, en un hecho que involucra a una camioneta vinculada al intendente Javier Wayar. La iniciativa, que buscaba una definición urgente en medio de la conmoción social, fue frenada por la mayoría y girada a comisión para su análisis.
El pedido había sido impulsado por el senador de La Libertad Avanza, Roque Cornejo Avellaneda, quien quedó en soledad al momento de la votación. El resto del cuerpo optó por avanzar con un tratamiento más profundo, en línea con lo que ya ocurre en Diputados, donde también hay un proyecto similar en comisión.
El legislador libertario pedía la intervención del Departamento Ejecutivo de La Merced por un plazo de 30 días, en el marco del artículo 179, inciso 2 de la Constitución Provincial.
Uno de los puntos centrales del debate estuvo vinculado a la necesidad de contar con información precisa antes de avanzar con una medida extrema. En ese contexto, el Senado aprobó dos pedidos de informe impulsados por el senador Gonzalo Caro Dávalos para esclarecer lo ocurrido el 5 de abril, día en que murió el niño.
Los requerimientos apuntan a reconstruir en detalle la actuación del sistema de salud y de seguridad: horarios de llamados de emergencia, despacho y arribo de ambulancias, tiempos de respuesta, protocolos aplicados, posibles demoras, intervención policial y pericias realizadas, entre otros aspectos clave.
Además, se solicitó identificar al personal interviniente, las unidades utilizadas, la disponibilidad operativa en ese momento y si se iniciaron sumarios administrativos. También se pidió toda la documentación necesaria —como registros, comunicaciones y actas— para reconstruir de manera completa el operativo.
El trasfondo de la discusión es la muerte del menor en un hecho que involucra a una camioneta vinculada al intendente Javier Wayar, lo que desató una fuerte conmoción social y reactivó reclamos contra la gestión municipal.
Sin embargo, en el plano institucional, la intervención aún no encuentra consenso político ni respaldo jurídico suficiente. Mientras el Senado opta por los tiempos formales y la investigación previa, la crisis en La Merced sigue abierta y bajo la lupa de la opinión pública.
