La Guardia Civil realiza registros en empresas vinculadas a Servinabar en la investigación por la que fue detenida Leire
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Los registros simultáneos practicados en Madrid, Sevilla y Zaragoza permitieron a los agentes recoger contratos, correos internos y expedientes de licitaciones asociados a Servinabar, compañía presidida por Santos Cerdán. Esta incautación se realizó en el marco de una investigación judicial sobre adjudicaciones estatales presuntamente irregulares, según publicó Europa Press. Las operaciones, avaladas por el Juzgado Central de Instrucción Número 6 de la Audiencia Nacional bajo la dirección del magistrado Antonio Piña, persiguen determinar si existieron manipulaciones en procedimientos públicos de licitación.
De acuerdo con Europa Press, la causa se mantiene sujeta a secreto sumarial y cuenta con la intervención de la Fiscalía Anticorrupción, que participa de manera coordinada junto con la Guardia Civil y la autoridad judicial para esclarecer posibles alteraciones de criterios en la asignación de contratos. Entre los materiales bajo custodia oficial figuran tanto archivos digitales como soportes físicos, además de bases de datos internos y documentación clave que ahora se somete a análisis técnico y jurídico.
Una de las líneas centrales de las pesquisas, según detalló el medio, apunta a determinar si existió concertación entre funcionarios públicos y representantes de empresas para favorecer a intereses determinados durante los procesos de adjudicación. En ese contexto, el operativo habilitó el ingreso autorizado a las oficinas de compañías vinculadas a Servinabar, donde los agentes retiraron material relevante para la instrucción.
Las mismas pesquisas han resultado en detenciones relevantes para el avance del caso. Europa Press mencionó a Leire Díez, exintegrante del Partido Socialista, y a Vicente Fernández, ex director de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), como algunos de los detenidos cuya situación será objeto de examen judicial. La reserva sobre los nombres de otros investigados y determinados documentos permanece vigente, en concordancia con el secreto del procedimiento.
Hasta el momento, las actuaciones judiciales y policiales priorizan el estudio exhaustivo de las pruebas colectadas, sin que existan previsiones inmediatas de ampliación de detenciones, expuso Europa Press. Los investigadores se concentran en la verificación minuciosa de los expedientes y en la preservación de la cadena de custodia, con el fin de garantizar la validez de la documentación y el respeto de los derechos de las personas bajo investigación.
El procedimiento pone el foco en delimitar de forma precisa las condiciones y los métodos empleados para supuestamente otorgar ventajas en los concursos públicos, así como en identificar tanto a los individuos como a las entidades vinculadas en la posible obtención irregular de contratos. Según reportó Europa Press, uno de los objetivos principales es establecer la existencia o no de una red con influencia suficiente como para incidir en las decisiones administrativas.
La investigación llega en un contexto de atención pública y mediática significativa, informó Europa Press, motivada tanto por la cuantía de los contratos bajo sospecha como por la notoriedad de los implicados, lo que genera un debate en torno a la transparencia en la gestión de recursos estatales. La valoración objetiva de los datos y comunicaciones incautadas constituirá la base de futuras acciones legales orientadas a fortalecer mecanismos de control y responsabilidad en el ámbito público.
Europa Press explicó que la coordinación entre la Guardia Civil, el órgano judicial y la Fiscalía Anticorrupción ha permitido implementar respuestas rápidas ante nuevas evidencias surgidas durante el escrutinio de los materiales. El propósito es consolidar un conjunto de pruebas robusto que avale tanto la instrucción procesal como las eventuales sanciones legales o administrativas que puedan derivarse una vez finalizado el análisis de la documentación.
Las decisiones sobre la eventual apertura de nuevas líneas de investigación y la determinación de posibles responsabilidades adicionales dependerán de los resultados obtenidos durante esta fase clave, que permanece bajo estricta confidencialidad y revisada de forma continua por la autoridad judicial, concluyó Europa Press.
