La Corte de Justicia de Salta congela salarios y refuerza medidas de austeridad por seis meses
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En respuesta a la compleja coyuntura económica que atraviesa el país y su impacto directo en las finanzas provinciales, la Corte de Justicia de Salta dispuso nuevas medidas de austeridad mediante la Acordada 14627, con el objetivo de reforzar la contención del gasto en el ámbito judicial.
Entre los principales puntos de la resolución, se destaca la decisión de que los jueces del máximo tribunal no perciban aumentos salariales durante un período de seis meses. La medida se encuentra en línea con lo establecido por el Decreto 206/2026 del Poder Ejecutivo provincial y forma parte de una estrategia más amplia de responsabilidad fiscal.
Desde el cuerpo de magistrados subrayaron que esta política no es nueva, sino que continúa la línea de austeridad adoptada desde diciembre de 2023. En ese sentido, remarcaron que, si bien el Poder Judicial ha sostenido históricamente una administración prudente de sus recursos, el contexto actual obliga a profundizar los mecanismos de control del gasto sin afectar la prestación del servicio esencial de justicia.
De acuerdo a un informe técnico de la Dirección de Administración, la aplicación de estas restricciones permitirá generar un ahorro significativo en las partidas presupuestarias correspondientes al presente ejercicio.
El plan, que tendrá vigencia semestral, contempla además una serie de disposiciones para todas las dependencias judiciales. Entre ellas, se incluye la limitación en la compra y consumo de insumos a lo estrictamente necesario, así como la suspensión de pasajes y viáticos, salvo en situaciones urgentes y debidamente justificadas.
Asimismo, se ordenó optimizar el uso de la flota oficial y promover un consumo eficiente de servicios básicos como energía eléctrica, gas y telefonía. En paralelo, se establecieron restricciones en la actualización de contratos de alquiler y servicios, junto con un ajuste en los cupos de horas de dedicación complementaria, que deberán responder exclusivamente a necesidades críticas.
La acordada ya se encuentra en vigencia tras su publicación oficial. Con esta decisión, el Poder Judicial salteño busca sostener el equilibrio presupuestario y reafirmar su compromiso con una gestión austera en un escenario económico desafiante.
