
La administración venezolana ha instruido a su representación en la Organización de las Naciones Unidas para que avance con una denuncia formal contra Estados Unidos, iniciativa que contempla como un movimiento fundamental en su estrategia de defensa frente al endurecimiento de las sanciones y restricciones estadounidenses. Según informó Europa Press, esta decisión forma parte de un conjunto de acciones institucionales orientadas a frenar lo que el gobierno de Nicolás Maduro considera una escalada de intervencionismo extranjero que afecta tanto sus activos estratégicos como su autonomía en la toma de decisiones.
El gobierno de Caracas asegura que las sanciones implementadas por Washington han impactado de forma directa en sectores clave como el energético y el transporte marítimo, cuyas operaciones, según sostiene, quedaron restringidas por medidas que incluyen la prohibición de operaciones a embarcaciones relacionadas con el crudo venezolano. Europa Press detalló que estas restricciones han condicionado la libertad de navegación, un elemento que las autoridades venezolanas interpretan como un intento de obstaculizar el acceso del país al comercio internacional. Venezuela depende en gran medida de la exportación petrolera para sostener su economía, por lo que considera críticas las medidas que afectan la movilidad de su flota y la entrada de divisas.
Entre los argumentos entregados por el Ejecutivo venezolano figura la designación del régimen como organización terrorista y el incremento de la presencia militar estadounidense en áreas cercanas al litoral venezolano. Según consignó Europa Press, Caracas observa este despliegue militar y ciertas declaraciones de autoridades estadounidenses, como las del expresidente Donald Trump, como una amenaza tangible a su soberanía. “Estados Unidos mantendrá la presión hasta que Venezuela ceda control de todo el petróleo, las tierras y otros activos que nos robaron anteriormente”, afirmó Trump, frase que el gobierno venezolano interpreta como una declaración explícita de intención respecto a sus recursos nacionales.
Europa Press reportó que la respuesta venezolana ante este escenario se articula a través de acciones legales y diplomáticas que apuntan a la protección de sus intereses económicos y jurídicos. La vicepresidenta Delcy Rodríguez sostuvo, en declaraciones citadas por el medio, que buscan “frenar la apropiación de recursos nacionales mediante la imposición de sanciones extranjeras que contravienen principios fundamentales de la Carta de la ONU”. El Ejecutivo considera que las sanciones vulneran tanto las normas del derecho internacional como el equilibrio comercial y financiero internacional, al legitimar restricciones bajo el argumento de garantizar la seguridad mundial.
El reforzamiento de las medidas coercitivas contra Venezuela coincide, según la información entregada por Europa Press, con campañas de desinformación que el gobierno venezolano atribuye a medios oficiales estadounidenses. Caracas denuncia que estos contenidos se difunden para generar una opinión internacional favorable a nuevas sanciones y bloqueos, contribuyendo a crear condiciones que justifiquen eventuales acciones económicas o diplomáticas más severas. Las autoridades venezolanas advierten que esta manipulación informativa repercute incluso en la estabilidad política de otros países y en el funcionamiento del orden internacional actual.
El contexto en el que se da este conflicto bilateral ha estado marcado en los últimos años, de acuerdo con Europa Press, por episodios de tensión diplomática, imposición de embargos y un distanciamiento creciente que entorpece cualquier intento de cooperación. Venezuela sostiene que las acusaciones emitidas por Estados Unidos sobre delitos de terrorismo, narcotráfico y trata de personas representan instrumentos utilizados para presionar al país y condicionar tanto su política local como su proyección internacional.
La denuncia presentada ante la ONU constituye, según detalló el medio europeo, el primer paso de un enfoque que busca movilizar el respaldo de gobiernos aliados, organismos multilaterales y otros foros internacionales a fin de proteger la soberanía venezolana y contrarrestar el impacto de las actuales sanciones. El Ejecutivo venezolano no descarta la posibilidad de sumar nuevas iniciativas diplomáticas que refuercen la defensa de sus activos e intereses en el exterior, tratando de consolidar una respuesta colectiva en el marco de la legalidad internacional.
De acuerdo con Europa Press, la estrategia oficial venezolana pone el énfasis en lograr que la comunidad internacional rechace cualquier intento de intervención extranjera y exija el respeto a la autodeterminación, así como al principio de igualdad soberana en el ámbito global. Los comunicados difundidos por Caracas subrayan la necesidad de proteger tanto los recursos nacionales como la institucionalidad estatal frente a amenazas externas, junto con exigir que cesen las prácticas dirigidas a debilitar la estructura económica del país.
En sus declaraciones públicas, representantes del gobierno venezolano reiteran su posición en favor del respeto absoluto al marco jurídico internacional y anuncian que utilizarán todos los mecanismos institucionales disponibles para revertir los efectos de las restricciones estadounidenses. Las autoridades recalcan que su prioridad será mantener la defensa del sector energético, dado su peso dentro de la economía nacional, y preservar la capacidad operativa de las rutas comerciales ante los intentos de aislamiento financiero y diplomático.
Europa Press explicó que la acusación presentada por Venezuela contra Estados Unidos, junto con la serie de comunicados oficiales emitidos en las semanas previas, ilustra una ofensiva diplomática intensificada. Caracas busca enlazar apoyo externo y dar visibilidad internacional a lo que interpreta como una alteración injustificada de las reglas del comercio y la convivencia global. El Ejecutivo mantiene su compromiso de actuar en todos los espacios multilaterales pertinentes, apostando por una mayor articulación con países que sufren situaciones similares o que sostienen posturas afines respecto al derecho internacional y la soberanía de los Estados.
El medio europeo señaló que la percepción de Caracas sobre la conducta estadounidense en la región incluye no solo aspectos económicos, sino también elementos militares y jurídicos. La denuncia venezolana menciona como un hecho preocupante el reforzamiento de la presencia de unidades estadounidenses cerca de sus fronteras marítimas, interpretación que refuerza la convicción de que las sanciones son parte de un paquete más amplio de acciones que buscan reducir su margen de maniobra y empujar a una reconfiguración de alianzas internacionales.
A través de su campaña diplomática, Venezuela solicita a la comunidad internacional no solo el rechazo a las sanciones y bloqueos, sino la defensa activa de los principios acordados en la Carta de la ONU. Europa Press puntualizó que la estrategia oficial prioriza el mantenimiento de la integridad territorial y funcional del Estado venezolano. Finaliza subrayando que, ante el endurecimiento de las políticas punitivas provenientes de Washington, el gobierno de Maduro intensifica la acción internacional para responder tanto en el plano legal como en el político, en un contexto que percibe como cada vez más desafiante para sus intereses fundamentales.

