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Fuentes del Ministerio del Educación de la Provincia informaron que todos los procesos de protestas de las familias que toman las escuelas están siendo estudiados por el Departamento Jurídico. Los últimos acontecimientos de mujeres criollas e indígenas peleándose a las trompadas en la puerta de la escuela Rosario Vera Peñaloza, Alto de La Sierra, aceleraron las búsquedas de alternativas.
Fuentes del Ministerio del Educación de la Provincia informaron que todos los procesos de protestas de las familias que toman las escuelas están siendo estudiados por el Departamento Jurídico. Los últimos acontecimientos de mujeres criollas e indígenas peleándose a las trompadas en la puerta de la escuela Rosario Vera Peñaloza, Alto de La Sierra, aceleraron las búsquedas de alternativas.
Lo que se está analizando es la realización de denuncias penales por ocupación de un edificio público, que es de alguna manera lo que viene recomendado de Nación. Judicializar la protesta de los padres y que sea la justicia la que resuelva es una parte. También deberá existir una solución académica y otra administrativas; las problemáticas en el territorio salteño son variadas.
Ayer a la mañana quedó solucionada la toma en la escuela de Alto de la Sierra. Con una matrícula de 600 niños, sólo 50 son criollos; la mayoría proviene de familias indígenas. Comunidades que el miércoles no dejaron dar el inicio de clases correspondientes. El problema es que los caciques no quieren a una docente «por su fuerte desprecio y racismo hacia los pueblos indígenas» según un petitorio firmado por más de 13 caciques de la zona. Como no es su problema, las familias criollas llevaron a sus hijos a clases y estaba el ingreso al edificio bloqueado. Hubo golpes, agresiones y amenazas cruzadas.
Ayer, la supervisora Patricia Choque envió al oficial Andrada, de la Policía de la Provincia, a informar a los padres el traslado de la docente cuestionada y se levantó la toma. Dos cuestiones emergieron: ¿si los supervisores comenzarán a mandar a la Policía para informar y solucionar? La segunda: ¿pueden los padres poner y sacar a trabajadores docentes a su gusto? Son preguntas que se irán resolviendo en el desarrollo del ciclo lectivo.
En la Puna
En tanto que en la Escuela Hogar N° 4661 «Carlos Guido Spano», de la ciudad de San Antonio de los Cobres, se mantuvieron reuniones de las familias con la supervisora Carmen Rosa Virrios para ver una solución a los graves falencias edilicias que tiene el edificio. Hablamos de una escuela que tiene los techos rotos, hay agua en los baños, humedad por todas las paredes y vidrios de ventanas y puertas rotos. Con la directora de la escuela, los padres tienen cuestionamientos y todo ellos fueron puestos en la mesa de diálogo.
Fue una reunión extensa que duró toda la mañana porque además recorrieron el edificio y las oficinas de la directora. Las familias aseguran que las directivas ejercen «maltrato» con los chicos y además hay «mala administración».
Los fondos de una cooperadora están en un manto de dudas con respecto a lo que se destinan.
«Que la ministra venga»
Cristina es una mamá en la primera toma y cuando se preguntó por la judicialización del conflicto dijo que: «pensamos que no es el camino correcto. Tenemos derechos sobre nuestros hijos y somos la voz de ellos. A este edificio nuestros hijos no pueden entrar porque no está garantizada su seguridad. Hay andamios, obrero trabajando, está inundado el piso, están arreglando los techos y así no se puede. Educación hace oídos sordos a nuestros reclamos y su solución es judicializar. Nosotros queremos que la ministra Cristina Fiore venga a hablar con los padres y a solucionar el tema del edificio de la escuela de nuestros niños, queremos que vea cómo está», concluyó Cristina.
