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Organizaciones políticas y referentes opositores en Salta han manifestado, mediante una solicitada, su preocupación ante lo que consideran un alarmante caso de persecución política liderada por el gobernador Gustavo Sáenz. La denuncia pública, respaldada por Unión por la Patria, expone una serie de políticas legales y políticas dirigidas contra periodistas, militantes y figuras opositoras.
El hecho más reciente y destacado ocurrió el 14 de noviembre de 2024, cuando el periodista Luis Caro fue detenido bajo órdenes del Fiscal N° 2 Ramiro Ramos Ossorio, con el apoyo de la Fiscalía Especializada en Ciberdelitos, encabezada por Sofía Cornejo Solá. Según las acusaciones, esta última mantiene vínculos familiares con Nicolás Demitrópulos, coordinador provincial, lo que pone en entredicho la imparcialidad del accionar judicial. En simultáneo, se llevó a cabo un allanamiento en el domicilio de Elia Fernández, presidenta del Partido Frente Grande, violando documentación privada de partidos políticos y bases de datos periodísticos.
La Procuración General de Salta también fue señalada por presentar una denuncia por «incitación al desorden público», en lo que se interpreta como un intento por silenciar voces críticas. En lugar de investigar presuntos casos de corrupción y nepotismo que involucran a funcionarios cercanos a Sáenz, los opositores denuncian que el organismo está alineado con el gobernador, perpetuando un esquema de censura y hostigamiento.
Entre las acusaciones contra la gestión de Sáenz se mencionan aumentos tarifarios injustificados, falta de respuestas en áreas clave como salud y educación, sobreprecios en obras públicas, y el manejo cuestionable de la pauta publicitaria, beneficiando a medios afines al oficialismo.
La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) también se pronunció sobre la situación, destacando que las restricciones impuestas al periodista Caro podrían constituir una violación flagrante a la libertad de prensa. El organismo alertó sobre los riesgos de limitar el debate público y denunció el uso de mecanismos judiciales para silenciar opositores.
Un llamado a la acción internacional
Referentes como Sergio Leavy, Walter Wayar y Elia Fernández han anunciado que llevarán el caso ante tribunales internacionales para denunciar lo que consideran un «peligroso cauce» de la justicia salteña, comparándolo con episodios ocurridos en Jujuy, donde la represión judicial alcanzó a docentes y ciudadanos. por manifestaciones críticas.
El comunicado finaliza instando al bloque de Diputados Nacionales de Unión por la Patria a tomar postura ante lo que califican como un avance alarmante contra la democracia y los derechos fundamentales en Salta.
Conclusión
Estas denuncias plantean un escenario crítico para la libertad de expresión y los derechos políticos en la provincia de Salta. La mirada está puesta en las repercusiones legales y sociales que puedan surgir, tanto a nivel nacional como internacional, de las acciones del gobierno salteño y su sistema judicial.
La nota lleva la firma de Sergio Leavy Senador Nacional; Lía Verónica Caliva Diputada MC, Partido del Trabajo y el Pueblo; Elia Fernández Partido Frente Grande; Mercedes Figueroa Partido Kolina; Walter Wayar Senador Provincial; Daniel Escotorin, Unidad Popular; Rubén Gutiérrez Patria Grande y Fabiana Camacho.
